Otra área de actuación es la de gestión de las obligaciones mercantiles que toda empresa y algunos empresarios individuales deben cumplir.
Se realizan a su vez legalizaciones de los libros de empresarios, depósito de cuentas anuales, contratos, adendas, y en general todo tipo de contratos mercantiles y civiles.
En el área mercantil se presta un asesoramiento integral en derecho societario desde la constitución de las compañías hasta la extinción de la personalidad jurídica, pasando por el acompañamiento recurrente en la búsqueda de soluciones a todas las necesidades legales que se puedan dar en el día a día.
Realizamos por lo tanto, el apoyo personal en labores de constitución de sociedades, la reforma y actualización de sus estatutos y reglamentos internos; la ampliación y reducción de su capital social; el análisis de las cuestiones jurídicas relacionadas con la transmisibilidad de las acciones, participaciones sociales o cuotas y, en general, el apoyo o desempeño directo de funciones de Secretaría de los consejos de administración u otros órganos rectores de las sociedades.
Igualmente, trabajamos con la negociación de pactos entre socios; las cuestiones jurídicas o contractuales relacionadas con la composición y elección de sus órganos de administración y gestión, la política de dividendos; los sistemas de retribución de administradores y altos directivos; los traslados internacionales del domicilio social; las transformaciones sociales; la participación en procesos de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones, cesiones globales de activos y pasivos); la emisión de bonos y obligaciones; y la negociación de cláusulas de resolución de las situaciones de bloqueo y en la defensa de los intereses de la sociedad, sus socios o consejeros, en situaciones de potencial conflicto societario.
A su vez, nuestros profesionales negocian toda clase de contratos de arrendamiento, de todo tipo de inmuebles y locales (comerciales en edificios de uso mixto, locales comerciales en centros comerciales, naves industriales, naves logísticas, oficinas, etc.), así como contratos de arrendamiento y de gestión hotelera, contratos de gestión inmobiliaria o contratos relativos a residencias de la tercera edad, entre otros.